A lo largo de este semestre se
analizaron las diferentes noticias que giran entorno de coyunturas que
respectan a temas relacionados con las comunidades indígenas y el conflicto
armado colombiano. Se vio que las comunidades indígenas del cauca están en un
conflicto desde hace más de diez años en el Estado colombiano, porque este no
quiere cumplir con las condiciones que habían pactado desde el año 1991, sólo
hasta hace poco empezaron a haber protestas fuertes en rechazo del
incumplimiento de estas condiciones, esto conectado también con las mujeres
indígenas víctimas del conflicto armado colombiano a quienes el Estado les
había prometido una reparación y una restitución de tierras, ahora están siendo
asesinadas consecutivamente.
Podemos dar cuenta a lo largo de los
análisis que se han presentado, que los
departamentos más afectados por el conflicto armado en cuanto a la población
indígena son Choco, Cauca y la Guajira, dándose problemáticas significativas
como la desnutrición , movilizaciones indígenas, asesinatos, que develan las
grandes inconsistencias por parte del Estado
en cuanto a las garantías que presuponen
que les brindan y por otro lado, los retos que tienen los colombianos y el
Estado ante lo que se está proponiendo como un escenario de postconflicto.
De lo anteriormente mencionado, es preciso
mencionar y enfatizar lo que respecta al
postconflicto en relación con las comunidades indígenas colombianas, la OPIAC
realizó una reunión con las 36 comunidades amazónicas, para discutir cuál es el
punto de vista de estos pueblo originarios con respecto al conflicto armado por
el que está pasando el país desde hace más de cincuenta años.
En la guajira se presenta casos
de desnutrición y mortalidad de la población Wayúu, aunque esto no se debe
precisamente a un conflicto armado, sino a la aprensión de multinacionales del
territorio, para extracción de carbono. Esta situación se debe mirar
minuciosamente y nos queda pendiente interiorizar más estos asuntos que no son
conflicto armado como tal si no una violencia naturalizada a los pueblos indígenas.
Así mismo, los reclamos al
gobierno por parte de entidades indígenas como la ONIC han sido constantes en
cuanto a las amenazas por parte de grupos armados, empresas privadas,
desnutrición y mortalidad infantil; aunque este tipo de noticias se presentaron
comúnmente durante el semestre aun así
pocas fueron en las que se presentaban iniciativas y respuestas para remediar
estas situaciones.
Ante estas noticias y las
analizadas a lo largo del semestre se puede afirmar que las comunidades
indígenas en Colombia viven en constante amenaza, y es peor darse cuenta que la
mayor amenaza para las comunidades indígenas no son los actores armados del conflicto,
sino el Estado colombiano que con su negligencia, paternalismo y
desentendimiento hacia las minorías étnicas se encarga de complicar más la
situación de estas de cara al conflicto. Garantizar territorios habitables y
seguridad alimentaria a las comunidades indígenas no solo es obligación del
gobierno por su calidad de ciudadanos, sino que también es su deber por un
proceso de reivindicación histórica con poblaciones cuya seguridad se ha visto
comprometida desde la conquista y que hasta ahora siguen siendo la población
olvidada del país en cuento a recursos pero siempre resaltada a la hora de
presumir el patrimonio cultural de un
país que se precia de ser multicultural, pero que ignora las necesidades
diferenciales de sus minorías étnicas.
